Conflictos Indígenas

Declaración pública de la Comunidad Autónoma de Temucuicui ante el gobierno de José Antonio Kast: militarización y racismo institucional

En marzo de 2026, la Comunidad Autónoma de Temucuicui emitió una declaración pública en respuesta al inicio del gobierno de José Antonio Kast, manifestando su rechazo a la militarización del territorio mapuche y al trato racista que el nuevo gobierno y sectores de la opinión pública dispensan al pueblo mapuche. Temucuicui es una de las comunidades más emblemáticas del movimiento autonomista mapuche y ha protagonizado numerosos episodios de conflicto territorial con el Estado chileno y empresas forestales en la comuna de Ercilla. La declaración representa una señal política de resistencia frente a una administración percibida como hostil a las demandas indígenas. El conflicto de fondo involucra demandas históricas de recuperación de tierras, autodeterminación y fin de la presencia policial y militar en el territorio. La comunidad exige que el nuevo gobierno cese las prácticas de racismo institucional y la política de militarización en La Araucanía. Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la zona, donde el Estado de Excepción Constitucional ha sido aplicado de manera prolongada.

Embalse Chironta

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Comunidades Lafkenche rechazan reportaje de TVN y exigen rectificación pública por desinformación sobre Ley N°20.249

El 25 de marzo de 2026, los territorios que integran la Identidad Territorial Lafkenche emitieron una declaración pública rechazando el reportaje transmitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz. Las organizaciones acusan al espacio televisivo de difundir acusaciones sin respaldo que afectan la comprensión pública de la Ley N°20.249 (Ley Lafkenche) y dañan la convivencia en zonas costeras. Las comunidades señalan que el reportaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por intereses de la industria salmonera, que busca instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos. Las organizaciones recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Exigen una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos y no en difamaciones. El conflicto se enmarca en una disputa más amplia por el control y uso del borde costero entre comunidades Lafkenche y la industria salmonera en el sur de Chile.

Tras siglos de conflicto, los indígenas mapuches de Chile le temen ...

Los votantes rechazaron la propuesta de Constitución que habría introducido un cambio social radical. El conflicto mapuche que hierve a fuego lento continúa siendo uno de los más complejos de Chile, con décadas de tensiones entre comunidades indígenas, el Estado y actores privados. La provincia de Arauco ha sido protagonista durante los últimos 20 años de episodios de violencia y ataques en contra de las forestales y empresarios de la zona, consolidándose como una de las áreas de mayor conflictividad activa del país, con tomas de terrenos en zonas turísticas y ataques a equipos de prensa que evidencian una escalada en las expresiones del conflicto.

EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III

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Proyecto Viviendas Sociales DS 49, Altos de Valdivia, Comuna de Temuco

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Modificación Fase de Cierre Pascua Lama

Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre

Desmantelamiento de unidad de regularización de tierras indígenas bajo gobierno Kast

En marzo de 2026, medios como Mapuexpress y Servindi reportaron que el gobierno del presidente José Antonio Kast habría eliminado una unidad institucional responsable de regularizar la propiedad de tierras indígenas en Chile. Esta acción sería parte de un retroceso estructural más amplio en materia de derechos de los pueblos originarios. La medida afectaría a todos los pueblos indígenas reconocidos por la legislación chilena, quienes dependen de estos procesos administrativos para la titulación y reconocimiento de sus territorios ancestrales. Organizaciones indígenas y medios especializados denuncian que estas decisiones constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno. El conflicto se inscribe en un contexto de tensión entre las políticas del gobierno Kast y las demandas históricas de los pueblos indígenas por el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y colectivos.

Ciper: La ofensiva contra la Ley Lafkenche y los mitos sobre los ECMPO

Cada vez que una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) llega a una instancia decisiva, reaparece el mismo relato: la Ley Lafkenche estaría paralizando el desarrollo del sur de Chile. En las semanas previas al 2 de marzo, cuando deben votarse nuevamente los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes de dos ECMPO en Aysén, ese guion vuelve a despleg

Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado

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Comunidades Lafkenche rechazan reportaje de TVN y exigen rectificación pública por desinformación sobre Ley N°20.249

El 25 de marzo de 2026, los territorios que integran la Identidad Territorial Lafkenche emitieron una declaración pública rechazando el reportaje transmitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz. Las organizaciones acusan al espacio televisivo de difundir acusaciones sin respaldo que afectan la comprensión pública de la Ley N°20.249 (Ley Lafkenche) y dañan la convivencia en zonas costeras. Las comunidades señalan que el reportaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por intereses de la industria salmonera, que busca instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos. Las organizaciones recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Exigen una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos y no en difamaciones. El conflicto se enmarca en una disputa más amplia por el control y uso del borde costero entre comunidades Lafkenche y la industria salmonera en el sur de Chile.

Tras siglos de conflicto, los indígenas mapuches de Chile le temen ...

Los votantes rechazaron la propuesta de Constitución que habría introducido un cambio social radical. El conflicto mapuche que hierve a fuego lento continúa siendo uno de los más complejos de Chile, con décadas de tensiones entre comunidades indígenas, el Estado y actores privados. La provincia de Arauco ha sido protagonista durante los últimos 20 años de episodios de violencia y ataques en contra de las forestales y empresarios de la zona, consolidándose como una de las áreas de mayor conflictividad activa del país, con tomas de terrenos en zonas turísticas y ataques a equipos de prensa que evidencian una escalada en las expresiones del conflicto.

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Ciper: La ofensiva contra la Ley Lafkenche y los mitos sobre los ECMPO

Cada vez que una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) llega a una instancia decisiva, reaparece el mismo relato: la Ley Lafkenche estaría paralizando el desarrollo del sur de Chile. En las semanas previas al 2 de marzo, cuando deben votarse nuevamente los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes de dos ECMPO en Aysén, ese guion vuelve a despleg

Desmantelamiento de unidad de regularización de tierras indígenas bajo gobierno Kast

En marzo de 2026, medios como Mapuexpress y Servindi reportaron que el gobierno del presidente José Antonio Kast habría eliminado una unidad institucional responsable de regularizar la propiedad de tierras indígenas en Chile. Esta acción sería parte de un retroceso estructural más amplio en materia de derechos de los pueblos originarios. La medida afectaría a todos los pueblos indígenas reconocidos por la legislación chilena, quienes dependen de estos procesos administrativos para la titulación y reconocimiento de sus territorios ancestrales. Organizaciones indígenas y medios especializados denuncian que estas decisiones constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno. El conflicto se inscribe en un contexto de tensión entre las políticas del gobierno Kast y las demandas históricas de los pueblos indígenas por el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y colectivos.

Ciper: La ofensiva contra la Ley Lafkenche y los mitos sobre los ECMPO

Cada vez que una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) llega a una instancia decisiva, reaparece el mismo relato: la Ley Lafkenche estaría paralizando el desarrollo del sur de Chile. En las semanas previas al 2 de marzo, cuando deben votarse nuevamente los recursos de reclamación presentados por comunidades solicitantes de dos ECMPO en Aysén, ese guion vuelve a despleg

Declaración pública de la Comunidad Autónoma de Temucuicui ante el gobierno de José Antonio Kast: militarización y racismo institucional

En marzo de 2026, la Comunidad Autónoma de Temucuicui emitió una declaración pública en respuesta al inicio del gobierno de José Antonio Kast, manifestando su rechazo a la militarización del territorio mapuche y al trato racista que el nuevo gobierno y sectores de la opinión pública dispensan al pueblo mapuche. Temucuicui es una de las comunidades más emblemáticas del movimiento autonomista mapuche y ha protagonizado numerosos episodios de conflicto territorial con el Estado chileno y empresas forestales en la comuna de Ercilla. La declaración representa una señal política de resistencia frente a una administración percibida como hostil a las demandas indígenas. El conflicto de fondo involucra demandas históricas de recuperación de tierras, autodeterminación y fin de la presencia policial y militar en el territorio. La comunidad exige que el nuevo gobierno cese las prácticas de racismo institucional y la política de militarización en La Araucanía. Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la zona, donde el Estado de Excepción Constitucional ha sido aplicado de manera prolongada.

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El 25 de marzo de 2026, los territorios que integran la Identidad Territorial Lafkenche emitieron una declaración pública rechazando el reportaje transmitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz. Las organizaciones acusan al espacio televisivo de difundir acusaciones sin respaldo que afectan la comprensión pública de la Ley N°20.249 (Ley Lafkenche) y dañan la convivencia en zonas costeras. Las comunidades señalan que el reportaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por intereses de la industria salmonera, que busca instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos. Las organizaciones recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Exigen una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos y no en difamaciones. El conflicto se enmarca en una disputa más amplia por el control y uso del borde costero entre comunidades Lafkenche y la industria salmonera en el sur de Chile.

Tras siglos de conflicto, los indígenas mapuches de Chile le temen ...

Los votantes rechazaron la propuesta de Constitución que habría introducido un cambio social radical. El conflicto mapuche que hierve a fuego lento continúa siendo uno de los más complejos de Chile, con décadas de tensiones entre comunidades indígenas, el Estado y actores privados. La provincia de Arauco ha sido protagonista durante los últimos 20 años de episodios de violencia y ataques en contra de las forestales y empresarios de la zona, consolidándose como una de las áreas de mayor conflictividad activa del país, con tomas de terrenos en zonas turísticas y ataques a equipos de prensa que evidencian una escalada en las expresiones del conflicto.

EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III

Señal detectada automáticamente desde SEIA_PCPI. Requiere curaduría.

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Desmantelamiento de unidad de regularización de tierras indígenas bajo gobierno Kast

En marzo de 2026, medios como Mapuexpress y Servindi reportaron que el gobierno del presidente José Antonio Kast habría eliminado una unidad institucional responsable de regularizar la propiedad de tierras indígenas en Chile. Esta acción sería parte de un retroceso estructural más amplio en materia de derechos de los pueblos originarios. La medida afectaría a todos los pueblos indígenas reconocidos por la legislación chilena, quienes dependen de estos procesos administrativos para la titulación y reconocimiento de sus territorios ancestrales. Organizaciones indígenas y medios especializados denuncian que estas decisiones constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno. El conflicto se inscribe en un contexto de tensión entre las políticas del gobierno Kast y las demandas históricas de los pueblos indígenas por el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y colectivos.

Declaración pública de la Comunidad Autónoma de Temucuicui ante el gobierno de José Antonio Kast: militarización y racismo institucional

En marzo de 2026, la Comunidad Autónoma de Temucuicui emitió una declaración pública en respuesta al inicio del gobierno de José Antonio Kast, manifestando su rechazo a la militarización del territorio mapuche y al trato racista que el nuevo gobierno y sectores de la opinión pública dispensan al pueblo mapuche. Temucuicui es una de las comunidades más emblemáticas del movimiento autonomista mapuche y ha protagonizado numerosos episodios de conflicto territorial con el Estado chileno y empresas forestales en la comuna de Ercilla. La declaración representa una señal política de resistencia frente a una administración percibida como hostil a las demandas indígenas. El conflicto de fondo involucra demandas históricas de recuperación de tierras, autodeterminación y fin de la presencia policial y militar en el territorio. La comunidad exige que el nuevo gobierno cese las prácticas de racismo institucional y la política de militarización en La Araucanía. Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de alta conflictividad en la zona, donde el Estado de Excepción Constitucional ha sido aplicado de manera prolongada.

Conflicto socioambiental por amenaza extractivista en territorios indígenas de Chiloé

El episodio Meli del podcast MONGEPE, producido por la revista Territorio Sur y difundido por Mapuexpress, aborda la amenaza extractivista que enfrentan las comunidades indígenas de Chiloé. El formato radiofónico recoge las memorias y desafíos de estas comunidades en relación con el avance de actividades de carácter extractivo en la región. Chiloé es una zona históricamente habitada por comunidades Mapuche-Williche, quienes han resistido diversas presiones sobre sus territorios costeros y marítimos. La producción busca dar voz a las perspectivas indígenas locales sobre la situación socioambiental de la isla. Este material se enmarca en un contexto más amplio de conflictos entre comunidades indígenas y actividades como la salmonicultura, la acuicultura industrial y otros emprendimientos extractivos en el archipiélago de Chiloé.

Conflicto socioambiental por amenaza extractivista en territorios indígenas de Chiloé

El episodio Meli del podcast MONGEPE, producido por la revista Territorio Sur y difundido por Mapuexpress, aborda la amenaza extractivista que enfrentan las comunidades indígenas de Chiloé. El formato radiofónico recoge las memorias y desafíos de estas comunidades en relación con el avance de actividades de carácter extractivo en la región. Chiloé es una zona históricamente habitada por comunidades Mapuche-Williche, quienes han resistido diversas presiones sobre sus territorios costeros y marítimos. La producción busca dar voz a las perspectivas indígenas locales sobre la situación socioambiental de la isla. Este material se enmarca en un contexto más amplio de conflictos entre comunidades indígenas y actividades como la salmonicultura, la acuicultura industrial y otros emprendimientos extractivos en el archipiélago de Chiloé.

Conflicto socioambiental por amenaza extractivista en territorios indígenas de Chiloé

El episodio Meli del podcast MONGEPE, producido por la revista Territorio Sur y difundido por Mapuexpress, aborda la amenaza extractivista que enfrentan las comunidades indígenas de Chiloé. El formato radiofónico recoge las memorias y desafíos de estas comunidades en relación con el avance de actividades de carácter extractivo en la región. Chiloé es una zona históricamente habitada por comunidades Mapuche-Williche, quienes han resistido diversas presiones sobre sus territorios costeros y marítimos. La producción busca dar voz a las perspectivas indígenas locales sobre la situación socioambiental de la isla. Este material se enmarca en un contexto más amplio de conflictos entre comunidades indígenas y actividades como la salmonicultura, la acuicultura industrial y otros emprendimientos extractivos en el archipiélago de Chiloé.

Conflicto por Extracción de Arcillas para Tierras Raras en Concepción-Penco (REE UNO SpA)

REE UNO SpA ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras ubicado en las comunas de Concepción y Penco, Región del Biobío. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de calificación ambiental, con un Proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) en curso. La zona de influencia del proyecto se enmarca en territorio con presencia Mapuche, lo que activa las obligaciones del Estado bajo el Convenio 169 de la OIT. La extracción de arcillas con fines mineros puede generar impactos sobre el suelo, el agua y el entorno ambiental de comunidades indígenas aledañas. Al estar el PCPI en proceso, el conflicto se encuentra en fase latente, sin que se hayan registrado públicamente acciones de presión o judicialización. El desenlace del proceso de consulta determinará el grado de conflictividad futura.

Conflicto por Extracción de Arcillas para Tierras Raras en Concepción-Penco (REE UNO SpA)

REE UNO SpA ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras ubicado en las comunas de Concepción y Penco, Región del Biobío. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de calificación ambiental, con un Proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) en curso. La zona de influencia del proyecto se enmarca en territorio con presencia Mapuche, lo que activa las obligaciones del Estado bajo el Convenio 169 de la OIT. La extracción de arcillas con fines mineros puede generar impactos sobre el suelo, el agua y el entorno ambiental de comunidades indígenas aledañas. Al estar el PCPI en proceso, el conflicto se encuentra en fase latente, sin que se hayan registrado públicamente acciones de presión o judicialización. El desenlace del proceso de consulta determinará el grado de conflictividad futura.

Conflicto por Extracción de Arcillas para Tierras Raras en Concepción-Penco (REE UNO SpA)

REE UNO SpA ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras ubicado en las comunas de Concepción y Penco, Región del Biobío. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de calificación ambiental, con un Proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) en curso. La zona de influencia del proyecto se enmarca en territorio con presencia Mapuche, lo que activa las obligaciones del Estado bajo el Convenio 169 de la OIT. La extracción de arcillas con fines mineros puede generar impactos sobre el suelo, el agua y el entorno ambiental de comunidades indígenas aledañas. Al estar el PCPI en proceso, el conflicto se encuentra en fase latente, sin que se hayan registrado públicamente acciones de presión o judicialización. El desenlace del proceso de consulta determinará el grado de conflictividad futura.

Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama – Nova Andino Litio SpA

Nova Andino Litio SpA somete a evaluación ambiental un 'Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama', actualmente en calificación en el SEIA y con proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en curso. El Salar de Atacama es un bien ecosistémico y cultural de primera importancia para el Pueblo Atacameño (Lickanantay), cuyas comunidades han denunciado históricamente los impactos de la minería del litio sobre el agua, la flora, la fauna y el modo de vida ancestral. El proyecto se inscribe en un contexto de alta conflictividad socioambiental en la cuenca, donde múltiples actores —incluyendo SQM y Albemarle— operan bajo cuestionamientos similares. La activación del proceso PCPI indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad del proyecto de afectar derechos indígenas, lo que obliga a una consulta formal con las comunidades del área. El resultado de dicho proceso es determinante para la viabilidad del proyecto y para la protección de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades Atacameñas.

Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama – Nova Andino Litio SpA

Nova Andino Litio SpA somete a evaluación ambiental un 'Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama', actualmente en calificación en el SEIA y con proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en curso. El Salar de Atacama es un bien ecosistémico y cultural de primera importancia para el Pueblo Atacameño (Lickanantay), cuyas comunidades han denunciado históricamente los impactos de la minería del litio sobre el agua, la flora, la fauna y el modo de vida ancestral. El proyecto se inscribe en un contexto de alta conflictividad socioambiental en la cuenca, donde múltiples actores —incluyendo SQM y Albemarle— operan bajo cuestionamientos similares. La activación del proceso PCPI indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad del proyecto de afectar derechos indígenas, lo que obliga a una consulta formal con las comunidades del área. El resultado de dicho proceso es determinante para la viabilidad del proyecto y para la protección de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades Atacameñas.

Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama – Nova Andino Litio SpA

Nova Andino Litio SpA somete a evaluación ambiental un 'Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama', actualmente en calificación en el SEIA y con proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en curso. El Salar de Atacama es un bien ecosistémico y cultural de primera importancia para el Pueblo Atacameño (Lickanantay), cuyas comunidades han denunciado históricamente los impactos de la minería del litio sobre el agua, la flora, la fauna y el modo de vida ancestral. El proyecto se inscribe en un contexto de alta conflictividad socioambiental en la cuenca, donde múltiples actores —incluyendo SQM y Albemarle— operan bajo cuestionamientos similares. La activación del proceso PCPI indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad del proyecto de afectar derechos indígenas, lo que obliga a una consulta formal con las comunidades del área. El resultado de dicho proceso es determinante para la viabilidad del proyecto y para la protección de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades Atacameñas.

Extensión Vida Útil Faenas Mineras La Coipa y Purén - Compañía Minera Mantos de Oro

El proyecto 'Extensión Vida Útil Faenas La Coipa y Purén' de la Compañía Minera Mantos de Oro se encuentra actualmente en proceso de calificación ambiental ante el SEIA y en proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) según el Convenio 169 de la OIT. Las faenas se ubican en la Región de Atacama, territorio con presencia de comunidades Diaguita, Colla y posiblemente Atacameña. La extensión de vida útil de una operación minera aurífera en esta zona puede generar impactos sobre recursos hídricos escasos, territorios de uso tradicional y patrimonio cultural indígena. El proceso de Consulta Previa Indígena se encuentra en curso, lo que indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad de afectación a pueblos originarios. Los derechos al territorio, al agua y a la consulta previa son los principales aspectos en tensión entre las comunidades indígenas, la empresa y el Estado evaluador.

Extensión Vida Útil Faenas Mineras La Coipa y Purén - Compañía Minera Mantos de Oro

El proyecto 'Extensión Vida Útil Faenas La Coipa y Purén' de la Compañía Minera Mantos de Oro se encuentra actualmente en proceso de calificación ambiental ante el SEIA y en proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) según el Convenio 169 de la OIT. Las faenas se ubican en la Región de Atacama, territorio con presencia de comunidades Diaguita, Colla y posiblemente Atacameña. La extensión de vida útil de una operación minera aurífera en esta zona puede generar impactos sobre recursos hídricos escasos, territorios de uso tradicional y patrimonio cultural indígena. El proceso de Consulta Previa Indígena se encuentra en curso, lo que indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad de afectación a pueblos originarios. Los derechos al territorio, al agua y a la consulta previa son los principales aspectos en tensión entre las comunidades indígenas, la empresa y el Estado evaluador.

Extensión Vida Útil Faenas Mineras La Coipa y Purén - Compañía Minera Mantos de Oro

El proyecto 'Extensión Vida Útil Faenas La Coipa y Purén' de la Compañía Minera Mantos de Oro se encuentra actualmente en proceso de calificación ambiental ante el SEIA y en proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) según el Convenio 169 de la OIT. Las faenas se ubican en la Región de Atacama, territorio con presencia de comunidades Diaguita, Colla y posiblemente Atacameña. La extensión de vida útil de una operación minera aurífera en esta zona puede generar impactos sobre recursos hídricos escasos, territorios de uso tradicional y patrimonio cultural indígena. El proceso de Consulta Previa Indígena se encuentra en curso, lo que indica que el Estado ha reconocido la susceptibilidad de afectación a pueblos originarios. Los derechos al territorio, al agua y a la consulta previa son los principales aspectos en tensión entre las comunidades indígenas, la empresa y el Estado evaluador.

Conflicto por Parque Eólico Cancura en territorio mapuche, Angol

El Parque Eólico Cancura es un proyecto de generación de energía eólica ubicado en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, que fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La zona de emplazamiento se encuentra en un área con presencia de comunidades mapuche, lo que genera tensiones respecto a los impactos ambientales y territoriales del proyecto. La aprobación del proyecto en el SEIA activa la obligación de analizar si correspondía realizar un proceso de consulta previa indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. Al no registrarse información pública sobre conflictos judicializados ni movilizaciones activas documentadas, el conflicto se clasifica como latente, con potencial de escalar según la fase de construcción o las respuestas comunitarias. La Araucanía concentra numerosos conflictos entre proyectos energéticos y comunidades mapuche, lo que otorga contexto estructural a esta situación.

Conflicto por Parque Eólico Cancura en territorio mapuche, Angol

El Parque Eólico Cancura es un proyecto de generación de energía eólica ubicado en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, que fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La zona de emplazamiento se encuentra en un área con presencia de comunidades mapuche, lo que genera tensiones respecto a los impactos ambientales y territoriales del proyecto. La aprobación del proyecto en el SEIA activa la obligación de analizar si correspondía realizar un proceso de consulta previa indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. Al no registrarse información pública sobre conflictos judicializados ni movilizaciones activas documentadas, el conflicto se clasifica como latente, con potencial de escalar según la fase de construcción o las respuestas comunitarias. La Araucanía concentra numerosos conflictos entre proyectos energéticos y comunidades mapuche, lo que otorga contexto estructural a esta situación.

Caso Grollmus: Juicio oral por persecución a comuneros mapuche en La Araucanía

El 'Caso Grollmus' es una causa judicial en etapa de juicio oral que involucra a comuneros mapuche acusados en el contexto del conflicto territorial en la Región de La Araucanía. Organizaciones mapuche convocan a un Butra Trawün (gran encuentro o asamblea en mapudungún) para preparar la defensa y acompañar a los imputados ante la instancia judicial. El caso es presentado por las comunidades como una expresión de persecución política y criminalización del pueblo mapuche. La convocatoria fue difundida por Mapuexpress, medio de comunicación mapuche, evidenciando el carácter de movilización colectiva en torno al proceso. El Butra Trawün refleja el ejercicio de formas propias de organización y deliberación mapuche frente a procesos judiciales del Estado chileno.

Caso Grollmus: Juicio oral por persecución a comuneros mapuche en La Araucanía

El 'Caso Grollmus' es una causa judicial en etapa de juicio oral que involucra a comuneros mapuche acusados en el contexto del conflicto territorial en la Región de La Araucanía. Organizaciones mapuche convocan a un Butra Trawün (gran encuentro o asamblea en mapudungún) para preparar la defensa y acompañar a los imputados ante la instancia judicial. El caso es presentado por las comunidades como una expresión de persecución política y criminalización del pueblo mapuche. La convocatoria fue difundida por Mapuexpress, medio de comunicación mapuche, evidenciando el carácter de movilización colectiva en torno al proceso. El Butra Trawün refleja el ejercicio de formas propias de organización y deliberación mapuche frente a procesos judiciales del Estado chileno.

Conflicto por Parque Eólico Cancura en territorio mapuche, Angol

El Parque Eólico Cancura es un proyecto de generación de energía eólica ubicado en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, que fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La zona de emplazamiento se encuentra en un área con presencia de comunidades mapuche, lo que genera tensiones respecto a los impactos ambientales y territoriales del proyecto. La aprobación del proyecto en el SEIA activa la obligación de analizar si correspondía realizar un proceso de consulta previa indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. Al no registrarse información pública sobre conflictos judicializados ni movilizaciones activas documentadas, el conflicto se clasifica como latente, con potencial de escalar según la fase de construcción o las respuestas comunitarias. La Araucanía concentra numerosos conflictos entre proyectos energéticos y comunidades mapuche, lo que otorga contexto estructural a esta situación.

Caso Grollmus: Juicio oral por persecución a comuneros mapuche en La Araucanía

El 'Caso Grollmus' es una causa judicial en etapa de juicio oral que involucra a comuneros mapuche acusados en el contexto del conflicto territorial en la Región de La Araucanía. Organizaciones mapuche convocan a un Butra Trawün (gran encuentro o asamblea en mapudungún) para preparar la defensa y acompañar a los imputados ante la instancia judicial. El caso es presentado por las comunidades como una expresión de persecución política y criminalización del pueblo mapuche. La convocatoria fue difundida por Mapuexpress, medio de comunicación mapuche, evidenciando el carácter de movilización colectiva en torno al proceso. El Butra Trawün refleja el ejercicio de formas propias de organización y deliberación mapuche frente a procesos judiciales del Estado chileno.

Relocalización Centro de Engorda Salmonícola Boca Wickham, Sur Isla Guerrero – Cooke Aquaculture Chile S.A.

El proyecto consiste en la relocalización de un centro de engorda de salmónidos operado por Cooke Aquaculture Chile S.A. en el sector Boca Wickham, sur de Isla Guerrero, Región de Aysén, ingresado al SEIA bajo el número de pertinencia 212110024. El proyecto fue aprobado mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), modalidad que en principio no activa automáticamente el proceso de Consulta Previa del Convenio 169 OIT, salvo que el SEA determine susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas. El área de emplazamiento se encuentra en el territorio marino ancestral del pueblo Kawésqar, cuya presencia en los canales patagónicos es reconocida por el Estado. La aprobación del proyecto podría generar tensiones respecto a los derechos de consulta previa, al uso de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente en territorios de relevancia cultural para el pueblo Kawésqar. No se dispone de información sobre la realización efectiva de un proceso de consulta previa ni sobre oposición formal documentada de comunidades al proyecto.

Conflicto por Parque Eólico Newen Küruf en territorio mapuche de Mulchén

El proyecto Parque Eólico Newen Küruf, titularizado por Sociedad Eólica Valle Verde SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para su emplazamiento en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, área con presencia histórica de comunidades mapuche. Dado que el proyecto fue ingresado al Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) dentro del SEIA, se reconoció formalmente la presencia de pueblos indígenas susceptibles de afectación. El proceso de consulta previa figura como 'Finalizado' y el proyecto fue aprobado ambientalmente, lo que indica que se completó el procedimiento formal. Sin embargo, la aprobación de proyectos energéticos en territorios mapuche suele generar tensiones en torno a la adecuación del proceso de consulta y los impactos territoriales reales. El uso del nombre en mapudungún podría reflejar una estrategia de la empresa para establecer vínculos con las comunidades locales o bien una denominación surgida del proceso participativo. El estado 'Finalizado' del PCPI y la aprobación del proyecto sugieren que el conflicto formal fue encauzado institucionalmente, aunque podrían subsistir tensiones latentes.

Conflicto por Parque Eólico Newen Küruf en territorio mapuche de Mulchén

El proyecto Parque Eólico Newen Küruf, titularizado por Sociedad Eólica Valle Verde SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para su emplazamiento en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, área con presencia histórica de comunidades mapuche. Dado que el proyecto fue ingresado al Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) dentro del SEIA, se reconoció formalmente la presencia de pueblos indígenas susceptibles de afectación. El proceso de consulta previa figura como 'Finalizado' y el proyecto fue aprobado ambientalmente, lo que indica que se completó el procedimiento formal. Sin embargo, la aprobación de proyectos energéticos en territorios mapuche suele generar tensiones en torno a la adecuación del proceso de consulta y los impactos territoriales reales. El uso del nombre en mapudungún podría reflejar una estrategia de la empresa para establecer vínculos con las comunidades locales o bien una denominación surgida del proceso participativo. El estado 'Finalizado' del PCPI y la aprobación del proyecto sugieren que el conflicto formal fue encauzado institucionalmente, aunque podrían subsistir tensiones latentes.

Relocalización Centro de Engorda Salmonícola Boca Wickham, Sur Isla Guerrero – Cooke Aquaculture Chile S.A.

El proyecto consiste en la relocalización de un centro de engorda de salmónidos operado por Cooke Aquaculture Chile S.A. en el sector Boca Wickham, sur de Isla Guerrero, Región de Aysén, ingresado al SEIA bajo el número de pertinencia 212110024. El proyecto fue aprobado mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), modalidad que en principio no activa automáticamente el proceso de Consulta Previa del Convenio 169 OIT, salvo que el SEA determine susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas. El área de emplazamiento se encuentra en el territorio marino ancestral del pueblo Kawésqar, cuya presencia en los canales patagónicos es reconocida por el Estado. La aprobación del proyecto podría generar tensiones respecto a los derechos de consulta previa, al uso de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente en territorios de relevancia cultural para el pueblo Kawésqar. No se dispone de información sobre la realización efectiva de un proceso de consulta previa ni sobre oposición formal documentada de comunidades al proyecto.

Relocalización Centro de Engorda Salmonícola Boca Wickham, Sur Isla Guerrero – Cooke Aquaculture Chile S.A.

El proyecto consiste en la relocalización de un centro de engorda de salmónidos operado por Cooke Aquaculture Chile S.A. en el sector Boca Wickham, sur de Isla Guerrero, Región de Aysén, ingresado al SEIA bajo el número de pertinencia 212110024. El proyecto fue aprobado mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), modalidad que en principio no activa automáticamente el proceso de Consulta Previa del Convenio 169 OIT, salvo que el SEA determine susceptibilidad de afectación directa a pueblos indígenas. El área de emplazamiento se encuentra en el territorio marino ancestral del pueblo Kawésqar, cuya presencia en los canales patagónicos es reconocida por el Estado. La aprobación del proyecto podría generar tensiones respecto a los derechos de consulta previa, al uso de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente en territorios de relevancia cultural para el pueblo Kawésqar. No se dispone de información sobre la realización efectiva de un proceso de consulta previa ni sobre oposición formal documentada de comunidades al proyecto.

Conflicto por Parque Eólico Newen Küruf en territorio mapuche de Mulchén

El proyecto Parque Eólico Newen Küruf, titularizado por Sociedad Eólica Valle Verde SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para su emplazamiento en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, área con presencia histórica de comunidades mapuche. Dado que el proyecto fue ingresado al Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) dentro del SEIA, se reconoció formalmente la presencia de pueblos indígenas susceptibles de afectación. El proceso de consulta previa figura como 'Finalizado' y el proyecto fue aprobado ambientalmente, lo que indica que se completó el procedimiento formal. Sin embargo, la aprobación de proyectos energéticos en territorios mapuche suele generar tensiones en torno a la adecuación del proceso de consulta y los impactos territoriales reales. El uso del nombre en mapudungún podría reflejar una estrategia de la empresa para establecer vínculos con las comunidades locales o bien una denominación surgida del proceso participativo. El estado 'Finalizado' del PCPI y la aprobación del proyecto sugieren que el conflicto formal fue encauzado institucionalmente, aunque podrían subsistir tensiones latentes.

Conflicto por Explotación Minera La Coipa Fase 7 en territorio Colla y Atacameño, Región de Atacama

La Coipa Fase 7 es un proyecto de expansión de la mina de oro y plata La Coipa, operada por Compañía Minera Mantos de Oro (filial de Kinross Gold), ubicada en la Región de Atacama, en las inmediaciones de la provincia de Copiapó y Tierra Amarilla. El proyecto fue evaluado y aprobado por el SEIA, lo que activó la señal de seguimiento en el sistema GHPPI por su potencial afectación a pueblos indígenas, en particular comunidades Colla que habitan y transitan por zonas de la precordillera y altiplano atacameño. Los principales riesgos identificados incluyen la afectación de fuentes de agua, territorios de uso ancestral y la adecuación del proceso de Consulta Previa conforme al Convenio 169 de la OIT. El proyecto amplía la vida útil de la mina mediante la explotación de nuevos sectores, lo que prolonga los impactos ambientales y sociales sobre el entorno indígena. El estado del conflicto se evalúa como latente dado que la aprobación ambiental no implica necesariamente la resolución de las demandas indígenas subyacentes.

Conflicto por Parque Eólico Rinconada en territorios Mapuche de Laja y Los Ángeles

El proyecto Parque Eólico Rinconada, titularizado por Energía Eólica Rinconada SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtuvo aprobación, con un proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) que fue declarado finalizado. El área de emplazamiento en las comunas de Laja y Los Ángeles corresponde a una zona con presencia histórica Mapuche, lo que activó las obligaciones de consulta del Estado chileno. Durante la evaluación ambiental se desarrolló un proceso de consulta indígena que concluyó formalmente. El estado actual del proceso administrativo y de consulta aparece como cerrado/finalizado según los registros del SEIA. No se dispone de información pública detallada sobre los resultados sustantivos de la consulta ni sobre medidas de compensación o mitigación acordadas con las comunidades. La naturaleza del conflicto, si lo hubo, pudo haberse expresado durante la etapa de evaluación ambiental más que en acciones de movilización sostenida.

Conflicto por Explotación Minera La Coipa Fase 7 en territorio Colla y Atacameño, Región de Atacama

La Coipa Fase 7 es un proyecto de expansión de la mina de oro y plata La Coipa, operada por Compañía Minera Mantos de Oro (filial de Kinross Gold), ubicada en la Región de Atacama, en las inmediaciones de la provincia de Copiapó y Tierra Amarilla. El proyecto fue evaluado y aprobado por el SEIA, lo que activó la señal de seguimiento en el sistema GHPPI por su potencial afectación a pueblos indígenas, en particular comunidades Colla que habitan y transitan por zonas de la precordillera y altiplano atacameño. Los principales riesgos identificados incluyen la afectación de fuentes de agua, territorios de uso ancestral y la adecuación del proceso de Consulta Previa conforme al Convenio 169 de la OIT. El proyecto amplía la vida útil de la mina mediante la explotación de nuevos sectores, lo que prolonga los impactos ambientales y sociales sobre el entorno indígena. El estado del conflicto se evalúa como latente dado que la aprobación ambiental no implica necesariamente la resolución de las demandas indígenas subyacentes.

Conflicto por proyecto minero Delirio en territorio indígena, Diego de Almagro

Santiago Metals Proyecto Dos Ltda ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto 'Explotación y Beneficio Proyecto Delirio', orientado a la extracción y procesamiento de minerales en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Esta zona corresponde a territorios con presencia histórica de comunidades Colla y Diaguita, pueblos que han resistido sistemáticamente la expansión minera en sus tierras ancestrales. El proyecto generó o tenía potencial de generar conflicto en torno al derecho a la consulta previa, el uso de recursos hídricos escasos y la afectación de territorios de significación cultural. El proyecto fue desistido ante el SEIA, lo que formalmente cierra el proceso de evaluación ambiental sin que haya obtenido aprobación. No obstante, el desistimiento no necesariamente implica la renuncia definitiva del titular a ejecutar actividades en el área. El conflicto queda en estado cerrado o latente dependiendo de si el titular reingresa el proyecto u otro equivalente al sistema.

Conflicto por proyecto minero Delirio en territorio indígena, Diego de Almagro

Santiago Metals Proyecto Dos Ltda ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto 'Explotación y Beneficio Proyecto Delirio', orientado a la extracción y procesamiento de minerales en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Esta zona corresponde a territorios con presencia histórica de comunidades Colla y Diaguita, pueblos que han resistido sistemáticamente la expansión minera en sus tierras ancestrales. El proyecto generó o tenía potencial de generar conflicto en torno al derecho a la consulta previa, el uso de recursos hídricos escasos y la afectación de territorios de significación cultural. El proyecto fue desistido ante el SEIA, lo que formalmente cierra el proceso de evaluación ambiental sin que haya obtenido aprobación. No obstante, el desistimiento no necesariamente implica la renuncia definitiva del titular a ejecutar actividades en el área. El conflicto queda en estado cerrado o latente dependiendo de si el titular reingresa el proyecto u otro equivalente al sistema.

Conflicto por Piscicultura Trainel de Mowi Chile S.A. en Chonchi, Región de Los Lagos

El proyecto Piscicultura Trainel, presentado por Mowi Chile S.A. —una de las mayores empresas salmoneras del mundo— ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), contempla la instalación y operación de una piscicultura en la comuna de Chonchi, en la isla de Chiloé, Región de Los Lagos. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que podría haber gatillado o consolidado un conflicto con comunidades Mapuche-Williche del sector, quienes históricamente han ocupado y hecho uso de los recursos naturales de esa zona. La industria acuícola y salmonera en Chiloé ha sido foco de numerosas controversias ambientales e indígenas, vinculadas a la contaminación de aguas, la reducción del acceso a recursos pesqueros y la falta de consulta previa adecuada. No se cuenta con información detallada sobre procesos de participación indígena o consulta previa realizados en el marco de este proyecto específico. El estado del conflicto se estima como latente dado que la aprobación del proyecto puede provocar movilizaciones o demandas por parte de las comunidades afectadas.

Conflicto por Piscicultura Trainel de Mowi Chile S.A. en Chonchi, Región de Los Lagos

El proyecto Piscicultura Trainel, presentado por Mowi Chile S.A. —una de las mayores empresas salmoneras del mundo— ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), contempla la instalación y operación de una piscicultura en la comuna de Chonchi, en la isla de Chiloé, Región de Los Lagos. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que podría haber gatillado o consolidado un conflicto con comunidades Mapuche-Williche del sector, quienes históricamente han ocupado y hecho uso de los recursos naturales de esa zona. La industria acuícola y salmonera en Chiloé ha sido foco de numerosas controversias ambientales e indígenas, vinculadas a la contaminación de aguas, la reducción del acceso a recursos pesqueros y la falta de consulta previa adecuada. No se cuenta con información detallada sobre procesos de participación indígena o consulta previa realizados en el marco de este proyecto específico. El estado del conflicto se estima como latente dado que la aprobación del proyecto puede provocar movilizaciones o demandas por parte de las comunidades afectadas.

Conflicto por Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo en territorio Aymara, Pozo Almonte

El proyecto 'Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo' es una iniciativa de Aguas del Altiplano S.A. ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, la cual fue aprobada. El área de influencia del proyecto se enmarca en territorios del altiplano tarapaqueño, donde históricamente han habitado comunidades del pueblo Aymara, para quienes el agua tiene un valor cultural, espiritual y de subsistencia fundamental. La posible afectación a fuentes de agua, acuíferos o sistemas de riego ancestrales puede constituir una vulneración a los derechos territoriales y al recurso hídrico de estas comunidades. No se cuenta con información pública disponible que confirme la realización de un proceso de consulta previa indígena en el marco de este proyecto. El conflicto se clasifica como latente dado que la aprobación del SEIA no implica necesariamente que las comunidades hayan sido consultadas o que hayan expresado conformidad con el proyecto. Se recomienda verificar si existió proceso de Consulta Previa y cuál fue su resultado.

Conflicto por Parque Eólico Rinconada en territorios Mapuche de Laja y Los Ángeles

El proyecto Parque Eólico Rinconada, titularizado por Energía Eólica Rinconada SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtuvo aprobación, con un proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) que fue declarado finalizado. El área de emplazamiento en las comunas de Laja y Los Ángeles corresponde a una zona con presencia histórica Mapuche, lo que activó las obligaciones de consulta del Estado chileno. Durante la evaluación ambiental se desarrolló un proceso de consulta indígena que concluyó formalmente. El estado actual del proceso administrativo y de consulta aparece como cerrado/finalizado según los registros del SEIA. No se dispone de información pública detallada sobre los resultados sustantivos de la consulta ni sobre medidas de compensación o mitigación acordadas con las comunidades. La naturaleza del conflicto, si lo hubo, pudo haberse expresado durante la etapa de evaluación ambiental más que en acciones de movilización sostenida.

Conflicto por Explotación Minera La Coipa Fase 7 en territorio Colla y Atacameño, Región de Atacama

La Coipa Fase 7 es un proyecto de expansión de la mina de oro y plata La Coipa, operada por Compañía Minera Mantos de Oro (filial de Kinross Gold), ubicada en la Región de Atacama, en las inmediaciones de la provincia de Copiapó y Tierra Amarilla. El proyecto fue evaluado y aprobado por el SEIA, lo que activó la señal de seguimiento en el sistema GHPPI por su potencial afectación a pueblos indígenas, en particular comunidades Colla que habitan y transitan por zonas de la precordillera y altiplano atacameño. Los principales riesgos identificados incluyen la afectación de fuentes de agua, territorios de uso ancestral y la adecuación del proceso de Consulta Previa conforme al Convenio 169 de la OIT. El proyecto amplía la vida útil de la mina mediante la explotación de nuevos sectores, lo que prolonga los impactos ambientales y sociales sobre el entorno indígena. El estado del conflicto se evalúa como latente dado que la aprobación ambiental no implica necesariamente la resolución de las demandas indígenas subyacentes.

Conflicto por proyecto minero Delirio en territorio indígena, Diego de Almagro

Santiago Metals Proyecto Dos Ltda ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto 'Explotación y Beneficio Proyecto Delirio', orientado a la extracción y procesamiento de minerales en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama. Esta zona corresponde a territorios con presencia histórica de comunidades Colla y Diaguita, pueblos que han resistido sistemáticamente la expansión minera en sus tierras ancestrales. El proyecto generó o tenía potencial de generar conflicto en torno al derecho a la consulta previa, el uso de recursos hídricos escasos y la afectación de territorios de significación cultural. El proyecto fue desistido ante el SEIA, lo que formalmente cierra el proceso de evaluación ambiental sin que haya obtenido aprobación. No obstante, el desistimiento no necesariamente implica la renuncia definitiva del titular a ejecutar actividades en el área. El conflicto queda en estado cerrado o latente dependiendo de si el titular reingresa el proyecto u otro equivalente al sistema.

Conflicto por Piscicultura Trainel de Mowi Chile S.A. en Chonchi, Región de Los Lagos

El proyecto Piscicultura Trainel, presentado por Mowi Chile S.A. —una de las mayores empresas salmoneras del mundo— ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), contempla la instalación y operación de una piscicultura en la comuna de Chonchi, en la isla de Chiloé, Región de Los Lagos. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que podría haber gatillado o consolidado un conflicto con comunidades Mapuche-Williche del sector, quienes históricamente han ocupado y hecho uso de los recursos naturales de esa zona. La industria acuícola y salmonera en Chiloé ha sido foco de numerosas controversias ambientales e indígenas, vinculadas a la contaminación de aguas, la reducción del acceso a recursos pesqueros y la falta de consulta previa adecuada. No se cuenta con información detallada sobre procesos de participación indígena o consulta previa realizados en el marco de este proyecto específico. El estado del conflicto se estima como latente dado que la aprobación del proyecto puede provocar movilizaciones o demandas por parte de las comunidades afectadas.

Conflicto por Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo en territorio Aymara, Pozo Almonte

El proyecto 'Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo' es una iniciativa de Aguas del Altiplano S.A. ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, la cual fue aprobada. El área de influencia del proyecto se enmarca en territorios del altiplano tarapaqueño, donde históricamente han habitado comunidades del pueblo Aymara, para quienes el agua tiene un valor cultural, espiritual y de subsistencia fundamental. La posible afectación a fuentes de agua, acuíferos o sistemas de riego ancestrales puede constituir una vulneración a los derechos territoriales y al recurso hídrico de estas comunidades. No se cuenta con información pública disponible que confirme la realización de un proceso de consulta previa indígena en el marco de este proyecto. El conflicto se clasifica como latente dado que la aprobación del SEIA no implica necesariamente que las comunidades hayan sido consultadas o que hayan expresado conformidad con el proyecto. Se recomienda verificar si existió proceso de Consulta Previa y cuál fue su resultado.

Conflicto por Parque Eólico Rinconada en territorios Mapuche de Laja y Los Ángeles

El proyecto Parque Eólico Rinconada, titularizado por Energía Eólica Rinconada SpA, fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtuvo aprobación, con un proceso de Consulta Previa a Pueblos Indígenas (PCPI) que fue declarado finalizado. El área de emplazamiento en las comunas de Laja y Los Ángeles corresponde a una zona con presencia histórica Mapuche, lo que activó las obligaciones de consulta del Estado chileno. Durante la evaluación ambiental se desarrolló un proceso de consulta indígena que concluyó formalmente. El estado actual del proceso administrativo y de consulta aparece como cerrado/finalizado según los registros del SEIA. No se dispone de información pública detallada sobre los resultados sustantivos de la consulta ni sobre medidas de compensación o mitigación acordadas con las comunidades. La naturaleza del conflicto, si lo hubo, pudo haberse expresado durante la etapa de evaluación ambiental más que en acciones de movilización sostenida.

Conflicto por Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo en territorio Aymara, Pozo Almonte

El proyecto 'Sistema de Tratamiento de Agua Potable El Carmelo' es una iniciativa de Aguas del Altiplano S.A. ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, la cual fue aprobada. El área de influencia del proyecto se enmarca en territorios del altiplano tarapaqueño, donde históricamente han habitado comunidades del pueblo Aymara, para quienes el agua tiene un valor cultural, espiritual y de subsistencia fundamental. La posible afectación a fuentes de agua, acuíferos o sistemas de riego ancestrales puede constituir una vulneración a los derechos territoriales y al recurso hídrico de estas comunidades. No se cuenta con información pública disponible que confirme la realización de un proceso de consulta previa indígena en el marco de este proyecto. El conflicto se clasifica como latente dado que la aprobación del SEIA no implica necesariamente que las comunidades hayan sido consultadas o que hayan expresado conformidad con el proyecto. Se recomienda verificar si existió proceso de Consulta Previa y cuál fue su resultado.

Conflicto por Parque Eólico Rihue en territorio Mapuche, comunas de Mulchén y Negrete

El Parque Eólico Rihue es un proyecto de generación eléctrica mediante energía eólica desarrollado por Enel Green Power Chile S.A. en las comunas de Mulchén y Negrete, Región del Biobío, zona con presencia histórica de comunidades Mapuche. El proyecto fue ingresado y aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que activa la obligación de consulta previa a pueblos indígenas potencialmente afectados conforme al Convenio 169 de la OIT. Las comunidades Mapuche del área pueden verse afectadas en sus territorios, prácticas culturales, uso de recursos naturales y cosmovisión, particularmente si los aerogeneradores se emplazan en o cerca de espacios de relevancia espiritual o productiva. Al estar el proyecto en estado aprobado, el conflicto tiende a manifestarse de forma latente, con riesgo de escalar durante la fase de construcción u operación si persisten cuestionamientos sobre la calidad de la consulta y los acuerdos alcanzados con las comunidades.

Modificación parcial del sistema de reinyección en los puquios de Llamara – SQM S.A.

El proyecto consiste en una modificación parcial del sistema de reinyección de aguas en los puquios de Llamara, presentado por SQM S.A. ante el SEIA en la Región de Tarapacá. Los puquios de Llamara son humedales sensibles ubicados en la Pampa del Tamarugal, con relevancia ecológica y cultural para pueblos indígenas de la zona (aymara, atacameños y quechua). El proyecto fue sometido a un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) conforme al Convenio 169 de la OIT, el cual concluyó en estado 'Finalizado'. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que indica que se alcanzó resolución favorable en la evaluación ambiental. El proceso involucra la tensión estructural entre las operaciones de extracción de recursos minerales de SQM y la protección de ecosistemas acuáticos de alta sensibilidad sobre los que comunidades indígenas ejercen derechos territoriales y culturales.

Modificación parcial del sistema de reinyección en los puquios de Llamara – SQM S.A.

El proyecto consiste en una modificación parcial del sistema de reinyección de aguas en los puquios de Llamara, presentado por SQM S.A. ante el SEIA en la Región de Tarapacá. Los puquios de Llamara son humedales sensibles ubicados en la Pampa del Tamarugal, con relevancia ecológica y cultural para pueblos indígenas de la zona (aymara, atacameños y quechua). El proyecto fue sometido a un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) conforme al Convenio 169 de la OIT, el cual concluyó en estado 'Finalizado'. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que indica que se alcanzó resolución favorable en la evaluación ambiental. El proceso involucra la tensión estructural entre las operaciones de extracción de recursos minerales de SQM y la protección de ecosistemas acuáticos de alta sensibilidad sobre los que comunidades indígenas ejercen derechos territoriales y culturales.

Modificación parcial del sistema de reinyección en los puquios de Llamara – SQM S.A.

El proyecto consiste en una modificación parcial del sistema de reinyección de aguas en los puquios de Llamara, presentado por SQM S.A. ante el SEIA en la Región de Tarapacá. Los puquios de Llamara son humedales sensibles ubicados en la Pampa del Tamarugal, con relevancia ecológica y cultural para pueblos indígenas de la zona (aymara, atacameños y quechua). El proyecto fue sometido a un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI) conforme al Convenio 169 de la OIT, el cual concluyó en estado 'Finalizado'. El proyecto fue aprobado por el SEIA, lo que indica que se alcanzó resolución favorable en la evaluación ambiental. El proceso involucra la tensión estructural entre las operaciones de extracción de recursos minerales de SQM y la protección de ecosistemas acuáticos de alta sensibilidad sobre los que comunidades indígenas ejercen derechos territoriales y culturales.

Conflicto por Parque Eólico Rihue en territorio Mapuche, comunas de Mulchén y Negrete

El Parque Eólico Rihue es un proyecto de generación eléctrica mediante energía eólica desarrollado por Enel Green Power Chile S.A. en las comunas de Mulchén y Negrete, Región del Biobío, zona con presencia histórica de comunidades Mapuche. El proyecto fue ingresado y aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que activa la obligación de consulta previa a pueblos indígenas potencialmente afectados conforme al Convenio 169 de la OIT. Las comunidades Mapuche del área pueden verse afectadas en sus territorios, prácticas culturales, uso de recursos naturales y cosmovisión, particularmente si los aerogeneradores se emplazan en o cerca de espacios de relevancia espiritual o productiva. Al estar el proyecto en estado aprobado, el conflicto tiende a manifestarse de forma latente, con riesgo de escalar durante la fase de construcción u operación si persisten cuestionamientos sobre la calidad de la consulta y los acuerdos alcanzados con las comunidades.

Conflicto por Parque Eólico Rihue en territorio Mapuche, comunas de Mulchén y Negrete

El Parque Eólico Rihue es un proyecto de generación eléctrica mediante energía eólica desarrollado por Enel Green Power Chile S.A. en las comunas de Mulchén y Negrete, Región del Biobío, zona con presencia histórica de comunidades Mapuche. El proyecto fue ingresado y aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que activa la obligación de consulta previa a pueblos indígenas potencialmente afectados conforme al Convenio 169 de la OIT. Las comunidades Mapuche del área pueden verse afectadas en sus territorios, prácticas culturales, uso de recursos naturales y cosmovisión, particularmente si los aerogeneradores se emplazan en o cerca de espacios de relevancia espiritual o productiva. Al estar el proyecto en estado aprobado, el conflicto tiende a manifestarse de forma latente, con riesgo de escalar durante la fase de construcción u operación si persisten cuestionamientos sobre la calidad de la consulta y los acuerdos alcanzados con las comunidades.

Comunidad Juan Canuleo de Victoria exige a Conadi anular compra del Fundo del Esfuerzo entregado a comunidad Pelantaro de Galvarino

La comunidad mapuche Juan Canuleo, ubicada en la comuna de Victoria en la Región de La Araucanía, exigió públicamente en julio de 2024 al director nacional de la Conadi que deje sin efecto la compra de 552 hectáreas del Fundo del Esfuerzo, predio que fue adquirido y entregado a la comunidad Pelantaro de Galvarino. La comunidad afectada sostiene que ha reivindicado ese territorio desde 2016 por ser colindante con sus tierras y que la decisión de Conadi vulnera su derecho preferente a la ampliación territorial. A través de un comunicado público, denuncian que este tipo de prácticas institucionales promueve el conflicto entre comunidades mapuche en lugar de resolverlos. La comunidad exige la resciliación del contrato de compra y una reunión urgente con las autoridades de Conadi para evitar mayores tensiones en el territorio. Según información adicional, comuneros de Victoria llegaron a tomarse el predio adquirido por Conadi como medida de presión. El caso evidencia una falla en los mecanismos de coordinación y consulta de Conadi antes de ejecutar compras de tierras bajo el Fondo de Tierras establecido en la Ley Indígena.

Comunidad Juan Canuleo de Victoria exige a Conadi anular compra del Fundo del Esfuerzo entregado a comunidad Pelantaro de Galvarino

La comunidad mapuche Juan Canuleo, ubicada en la comuna de Victoria en la Región de La Araucanía, exigió públicamente en julio de 2024 al director nacional de la Conadi que deje sin efecto la compra de 552 hectáreas del Fundo del Esfuerzo, predio que fue adquirido y entregado a la comunidad Pelantaro de Galvarino. La comunidad afectada sostiene que ha reivindicado ese territorio desde 2016 por ser colindante con sus tierras y que la decisión de Conadi vulnera su derecho preferente a la ampliación territorial. A través de un comunicado público, denuncian que este tipo de prácticas institucionales promueve el conflicto entre comunidades mapuche en lugar de resolverlos. La comunidad exige la resciliación del contrato de compra y una reunión urgente con las autoridades de Conadi para evitar mayores tensiones en el territorio. Según información adicional, comuneros de Victoria llegaron a tomarse el predio adquirido por Conadi como medida de presión. El caso evidencia una falla en los mecanismos de coordinación y consulta de Conadi antes de ejecutar compras de tierras bajo el Fondo de Tierras establecido en la Ley Indígena.

Comunidad Juan Canuleo de Victoria exige a Conadi anular compra del Fundo del Esfuerzo entregado a comunidad Pelantaro de Galvarino

La comunidad mapuche Juan Canuleo, ubicada en la comuna de Victoria en la Región de La Araucanía, exigió públicamente en julio de 2024 al director nacional de la Conadi que deje sin efecto la compra de 552 hectáreas del Fundo del Esfuerzo, predio que fue adquirido y entregado a la comunidad Pelantaro de Galvarino. La comunidad afectada sostiene que ha reivindicado ese territorio desde 2016 por ser colindante con sus tierras y que la decisión de Conadi vulnera su derecho preferente a la ampliación territorial. A través de un comunicado público, denuncian que este tipo de prácticas institucionales promueve el conflicto entre comunidades mapuche en lugar de resolverlos. La comunidad exige la resciliación del contrato de compra y una reunión urgente con las autoridades de Conadi para evitar mayores tensiones en el territorio. Según información adicional, comuneros de Victoria llegaron a tomarse el predio adquirido por Conadi como medida de presión. El caso evidencia una falla en los mecanismos de coordinación y consulta de Conadi antes de ejecutar compras de tierras bajo el Fondo de Tierras establecido en la Ley Indígena.

Conflicto por Consulta Previa en Centro de Engorda de Salmónidos Canal Moraleda, Isla Melchor – Australis Mar S.A.

El proyecto de modificación técnica del centro de engorda de salmónidos de Australis Mar S.A. en el Canal Moraleda fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y resultó rechazado por la autoridad ambiental. Dado que el área de influencia incluía comunidades indígenas registradas en CONADI —una a 13,8 km y cuatro dentro de 30 km—, se activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) conforme al artículo 86 del Reglamento del SEIA. El PCPI fue identificado como activo durante la evaluación del proyecto. La zona del Canal Moraleda, en el archipiélago de Aysén, es históricamente habitada y frecuentada por el pueblo Kawésqar, cuyos territorios marítimos y modos de vida pueden verse afectados por la actividad salmonera intensiva. El rechazo del proyecto en el SEIA constituye el cierre formal del proceso administrativo, aunque las tensiones sobre el uso del mar interior patagónico persisten en un contexto regional más amplio.

Conflicto por Consulta Previa en Centro de Engorda de Salmónidos Canal Moraleda, Isla Melchor – Australis Mar S.A.

El proyecto de modificación técnica del centro de engorda de salmónidos de Australis Mar S.A. en el Canal Moraleda fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y resultó rechazado por la autoridad ambiental. Dado que el área de influencia incluía comunidades indígenas registradas en CONADI —una a 13,8 km y cuatro dentro de 30 km—, se activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) conforme al artículo 86 del Reglamento del SEIA. El PCPI fue identificado como activo durante la evaluación del proyecto. La zona del Canal Moraleda, en el archipiélago de Aysén, es históricamente habitada y frecuentada por el pueblo Kawésqar, cuyos territorios marítimos y modos de vida pueden verse afectados por la actividad salmonera intensiva. El rechazo del proyecto en el SEIA constituye el cierre formal del proceso administrativo, aunque las tensiones sobre el uso del mar interior patagónico persisten en un contexto regional más amplio.

Conflicto por Consulta Previa en Centro de Engorda de Salmónidos Canal Moraleda, Isla Melchor – Australis Mar S.A.

El proyecto de modificación técnica del centro de engorda de salmónidos de Australis Mar S.A. en el Canal Moraleda fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y resultó rechazado por la autoridad ambiental. Dado que el área de influencia incluía comunidades indígenas registradas en CONADI —una a 13,8 km y cuatro dentro de 30 km—, se activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) conforme al artículo 86 del Reglamento del SEIA. El PCPI fue identificado como activo durante la evaluación del proyecto. La zona del Canal Moraleda, en el archipiélago de Aysén, es históricamente habitada y frecuentada por el pueblo Kawésqar, cuyos territorios marítimos y modos de vida pueden verse afectados por la actividad salmonera intensiva. El rechazo del proyecto en el SEIA constituye el cierre formal del proceso administrativo, aunque las tensiones sobre el uso del mar interior patagónico persisten en un contexto regional más amplio.

Conflicto por Adecuaciones de Central Hidroeléctrica San Pedro en Territorio Mapuche, Los Lagos

El proyecto 'Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro' de Colbún S.A. fue ingresado al SEIA para tramitación ambiental en la Región de Los Ríos, comuna de Los Lagos, área con presencia histórica de comunidades mapuche. El proyecto generó resistencia por parte de comunidades indígenas aledañas al río San Pedro, quienes cuestionaron los impactos sobre el territorio, el agua y la falta de consulta previa adecuada. El Estado activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en el marco del SEIA, el cual fue registrado como finalizado. Pese a ello, el proyecto fue finalmente desistido por la empresa titular, lo que implicó el término del proceso de evaluación sin aprobación ni rechazo formal. El desistimiento puede responder tanto a la presión social y comunitaria como a factores técnicos, económicos o de viabilidad del proyecto. El conflicto queda en estado cerrado dado el desistimiento del titular y la finalización del proceso de consulta.

Conflicto por Adecuaciones de Central Hidroeléctrica San Pedro en Territorio Mapuche, Los Lagos

El proyecto 'Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro' de Colbún S.A. fue ingresado al SEIA para tramitación ambiental en la Región de Los Ríos, comuna de Los Lagos, área con presencia histórica de comunidades mapuche. El proyecto generó resistencia por parte de comunidades indígenas aledañas al río San Pedro, quienes cuestionaron los impactos sobre el territorio, el agua y la falta de consulta previa adecuada. El Estado activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en el marco del SEIA, el cual fue registrado como finalizado. Pese a ello, el proyecto fue finalmente desistido por la empresa titular, lo que implicó el término del proceso de evaluación sin aprobación ni rechazo formal. El desistimiento puede responder tanto a la presión social y comunitaria como a factores técnicos, económicos o de viabilidad del proyecto. El conflicto queda en estado cerrado dado el desistimiento del titular y la finalización del proceso de consulta.

Conflicto por Adecuaciones de Central Hidroeléctrica San Pedro en Territorio Mapuche, Los Lagos

El proyecto 'Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro' de Colbún S.A. fue ingresado al SEIA para tramitación ambiental en la Región de Los Ríos, comuna de Los Lagos, área con presencia histórica de comunidades mapuche. El proyecto generó resistencia por parte de comunidades indígenas aledañas al río San Pedro, quienes cuestionaron los impactos sobre el territorio, el agua y la falta de consulta previa adecuada. El Estado activó un Proceso de Consulta Previa Indígena (PCPI) en el marco del SEIA, el cual fue registrado como finalizado. Pese a ello, el proyecto fue finalmente desistido por la empresa titular, lo que implicó el término del proceso de evaluación sin aprobación ni rechazo formal. El desistimiento puede responder tanto a la presión social y comunitaria como a factores técnicos, económicos o de viabilidad del proyecto. El conflicto queda en estado cerrado dado el desistimiento del titular y la finalización del proceso de consulta.

Financiamiento de Norwegian People's Aid a comunidades Lafkenche en conflicto con industria salmonera en el sur de Chile

Un reportaje de TVN difundido en marzo de 2026 reveló que la ONG noruega Norwegian People's Aid financió con más de 500 millones de pesos a comunidades Lafkenche del sur de Chile que mantienen conflictos activos con la industria salmonera, sector dominado en gran parte por capitales noruegos. El caso generó una amplia polémica pública al evidenciar una aparente contradicción: el Estado noruego financiaría indirectamente a comunidades indígenas opuestas a una industria en la que Noruega tiene importantes intereses económicos. SalmonChile, el gremio del sector acuícola, cuestionó públicamente los propósitos del financiamiento y expresó inquietud ante la situación. Las comunidades Lafkenche invocan la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), vigente desde 2008, que les otorga derechos preferentes sobre espacios costeros de pueblos originarios (ECMPO), y el Convenio 169 de la OIT para oponerse a las concesiones acuícolas. El conflicto pone de relieve la tensión entre el modelo de desarrollo industrial acuícola y los derechos territoriales y marinos de las comunidades indígenas. La controversia también abrió un debate sobre transparencia y regulación del financiamiento extranjero a organizaciones que intervienen en conflictos socioambientales en Chile. El 25 de marzo de 2026, la Identidad Territorial Lafkenche emitió una declaración pública rechazando el reportaje emitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz, acusándolo de difundir información sin respaldo que distorsiona la comprensión pública de la Ley N°20.249 y daña la convivencia en zonas costeras. Las organizaciones sostienen que el reportaje forma parte de una estrategia articulada por intereses de la industria salmonera para instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos, y recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Las comunidades exigen a TVN una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos verificables.

Financiamiento de Norwegian People's Aid a comunidades Lafkenche en conflicto con industria salmonera en el sur de Chile

Un reportaje de TVN difundido en marzo de 2026 reveló que la ONG noruega Norwegian People's Aid financió con más de 500 millones de pesos a comunidades Lafkenche del sur de Chile que mantienen conflictos activos con la industria salmonera, sector dominado en gran parte por capitales noruegos. El caso generó una amplia polémica pública al evidenciar una aparente contradicción: el Estado noruego financiaría indirectamente a comunidades indígenas opuestas a una industria en la que Noruega tiene importantes intereses económicos. SalmonChile, el gremio del sector acuícola, cuestionó públicamente los propósitos del financiamiento y expresó inquietud ante la situación. Las comunidades Lafkenche invocan la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), vigente desde 2008, que les otorga derechos preferentes sobre espacios costeros de pueblos originarios (ECMPO), y el Convenio 169 de la OIT para oponerse a las concesiones acuícolas. El conflicto pone de relieve la tensión entre el modelo de desarrollo industrial acuícola y los derechos territoriales y marinos de las comunidades indígenas. La controversia también abrió un debate sobre transparencia y regulación del financiamiento extranjero a organizaciones que intervienen en conflictos socioambientales en Chile. El 25 de marzo de 2026, la Identidad Territorial Lafkenche emitió una declaración pública rechazando el reportaje emitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz, acusándolo de difundir información sin respaldo que distorsiona la comprensión pública de la Ley N°20.249 y daña la convivencia en zonas costeras. Las organizaciones sostienen que el reportaje forma parte de una estrategia articulada por intereses de la industria salmonera para instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos, y recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Las comunidades exigen a TVN una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos verificables.

Financiamiento de Norwegian People's Aid a comunidades Lafkenche en conflicto con industria salmonera en el sur de Chile

Un reportaje de TVN difundido en marzo de 2026 reveló que la ONG noruega Norwegian People's Aid financió con más de 500 millones de pesos a comunidades Lafkenche del sur de Chile que mantienen conflictos activos con la industria salmonera, sector dominado en gran parte por capitales noruegos. El caso generó una amplia polémica pública al evidenciar una aparente contradicción: el Estado noruego financiaría indirectamente a comunidades indígenas opuestas a una industria en la que Noruega tiene importantes intereses económicos. SalmonChile, el gremio del sector acuícola, cuestionó públicamente los propósitos del financiamiento y expresó inquietud ante la situación. Las comunidades Lafkenche invocan la Ley 20.249 (Ley Lafkenche), vigente desde 2008, que les otorga derechos preferentes sobre espacios costeros de pueblos originarios (ECMPO), y el Convenio 169 de la OIT para oponerse a las concesiones acuícolas. El conflicto pone de relieve la tensión entre el modelo de desarrollo industrial acuícola y los derechos territoriales y marinos de las comunidades indígenas. La controversia también abrió un debate sobre transparencia y regulación del financiamiento extranjero a organizaciones que intervienen en conflictos socioambientales en Chile. El 25 de marzo de 2026, la Identidad Territorial Lafkenche emitió una declaración pública rechazando el reportaje emitido por 'Informe Especial' de TVN el 22 de marzo, dirigido por Amaro Gómez-Pablos y Cristián Díaz, acusándolo de difundir información sin respaldo que distorsiona la comprensión pública de la Ley N°20.249 y daña la convivencia en zonas costeras. Las organizaciones sostienen que el reportaje forma parte de una estrategia articulada por intereses de la industria salmonera para instalar un relato que presenta a los pueblos indígenas costeros como un freno a proyectos productivos, y recalcan que la Ley Lafkenche fue construida democráticamente y aprobada de manera transversal por el Congreso chileno. Las comunidades exigen a TVN una rectificación pública proporcional al daño causado y llaman a promover un debate basado en hechos verificables.

Conflicto mapuche histórico: tierras, reconocimiento y violencia en La Araucanía (análisis Bengoa 2021)

El conflicto mapuche en el sur de Chile, particularmente en la Región de La Araucanía, constituye uno de los problemas políticos y sociales más prolongados del país. En octubre de 2021, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en cuatro provincias del Wallmapu, desplegando más de 900 militares con carros blindados y helicópteros ante una ola de violencia que incluía quema de iglesias, ataques armados en caminos rurales y enfrentamientos con víctimas fatales. El historiador y antropólogo José Bengoa, reconocido experto en la cuestión mapuche, advirtió que la presencia militar no resuelve las causas estructurales del conflicto: la demanda de tierras, el reconocimiento constitucional y el fin de la discriminación. A pesar del despliegue militar, la violencia continuó con múltiples atentados en la provincia de Malleco contra empresas forestales y una iglesia evangélica, acompañados de lienzos en contra del ejército. Bengoa señala que la conexión de las nuevas generaciones mapuches con el mundo global hace aún más insostenible la situación de exclusión y falta de reconocimiento que padecen. En agosto de 2020, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado llamando al diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, advirtiendo que una respuesta puramente centrada en seguridad pública agravaría la situación. El representante regional Jan Jarab solicitó una investigación pronta, independiente y exhaustiva de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones discriminatorias contra el pueblo mapuche, y pidió una solución negociada para poner fin a las huelgas de hambre que sostenían presos mapuches por más de 90 días. Un desarrollo posterior significativo fue el rechazo ciudadano a la propuesta de nueva Constitución, que habría introducido cambios sociales radicales favorables al reconocimiento de los pueblos indígenas, incluido el pueblo mapuche. Este resultado electoral representó un revés para las aspiraciones de reconocimiento constitucional mapuche y dejó el conflicto en una fase de tensión latente, sin que se hayan resuelto las causas estructurales que lo originan. El conflicto nuevo aporta como elemento adicional la identificación explícita de la falta de aplicación del artículo 169 del Convenio 169 de la OIT como causa específica señalada por las comunidades mapuches, así como la constatación de que la escalada de violencia de 2020 incluyó también ocupaciones de recintos públicos, lo que enriquece el panorama de medidas de presión empleadas en ese período. Fuentes periodísticas internacionales, como BBC, han caracterizado el conflicto como centenario y destacan que sus manifestaciones de violencia —atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y muertes tanto de comuneros mapuches como de terceros— constituyen expresiones de una disputa estructural no resuelta, confirmando que el ciclo de violencia documentado en años recientes no es un episodio aislado sino parte de una dinámica histórica persistente. El conflicto nuevo aporta adicionalmente la caracterización de los enfrentamientos del período 2020-2025 como parte de la violencia en la denominada Macrozona Sur, encuadre que sitúa los hechos de La Araucanía dentro de una dinámica territorial más amplia que involucra también a civiles, y que confirma la continuidad del conflicto más allá de los episodios puntuales documentados, manteniéndose en un estado de tensión latente con potencial de reactivación.

Conflicto mapuche histórico: tierras, reconocimiento y violencia en La Araucanía (análisis Bengoa 2021)

El conflicto mapuche en el sur de Chile, particularmente en la Región de La Araucanía, constituye uno de los problemas políticos y sociales más prolongados del país. En octubre de 2021, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en cuatro provincias del Wallmapu, desplegando más de 900 militares con carros blindados y helicópteros ante una ola de violencia que incluía quema de iglesias, ataques armados en caminos rurales y enfrentamientos con víctimas fatales. El historiador y antropólogo José Bengoa, reconocido experto en la cuestión mapuche, advirtió que la presencia militar no resuelve las causas estructurales del conflicto: la demanda de tierras, el reconocimiento constitucional y el fin de la discriminación. A pesar del despliegue militar, la violencia continuó con múltiples atentados en la provincia de Malleco contra empresas forestales y una iglesia evangélica, acompañados de lienzos en contra del ejército. Bengoa señala que la conexión de las nuevas generaciones mapuches con el mundo global hace aún más insostenible la situación de exclusión y falta de reconocimiento que padecen. En agosto de 2020, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado llamando al diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, advirtiendo que una respuesta puramente centrada en seguridad pública agravaría la situación. El representante regional Jan Jarab solicitó una investigación pronta, independiente y exhaustiva de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones discriminatorias contra el pueblo mapuche, y pidió una solución negociada para poner fin a las huelgas de hambre que sostenían presos mapuches por más de 90 días. Un desarrollo posterior significativo fue el rechazo ciudadano a la propuesta de nueva Constitución, que habría introducido cambios sociales radicales favorables al reconocimiento de los pueblos indígenas, incluido el pueblo mapuche. Este resultado electoral representó un revés para las aspiraciones de reconocimiento constitucional mapuche y dejó el conflicto en una fase de tensión latente, sin que se hayan resuelto las causas estructurales que lo originan. El conflicto nuevo aporta como elemento adicional la identificación explícita de la falta de aplicación del artículo 169 del Convenio 169 de la OIT como causa específica señalada por las comunidades mapuches, así como la constatación de que la escalada de violencia de 2020 incluyó también ocupaciones de recintos públicos, lo que enriquece el panorama de medidas de presión empleadas en ese período. Fuentes periodísticas internacionales, como BBC, han caracterizado el conflicto como centenario y destacan que sus manifestaciones de violencia —atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y muertes tanto de comuneros mapuches como de terceros— constituyen expresiones de una disputa estructural no resuelta, confirmando que el ciclo de violencia documentado en años recientes no es un episodio aislado sino parte de una dinámica histórica persistente. El conflicto nuevo aporta adicionalmente la caracterización de los enfrentamientos del período 2020-2025 como parte de la violencia en la denominada Macrozona Sur, encuadre que sitúa los hechos de La Araucanía dentro de una dinámica territorial más amplia que involucra también a civiles, y que confirma la continuidad del conflicto más allá de los episodios puntuales documentados, manteniéndose en un estado de tensión latente con potencial de reactivación.

Conflicto mapuche histórico: tierras, reconocimiento y violencia en La Araucanía (análisis Bengoa 2021)

El conflicto mapuche en el sur de Chile, particularmente en la Región de La Araucanía, constituye uno de los problemas políticos y sociales más prolongados del país. En octubre de 2021, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia en cuatro provincias del Wallmapu, desplegando más de 900 militares con carros blindados y helicópteros ante una ola de violencia que incluía quema de iglesias, ataques armados en caminos rurales y enfrentamientos con víctimas fatales. El historiador y antropólogo José Bengoa, reconocido experto en la cuestión mapuche, advirtió que la presencia militar no resuelve las causas estructurales del conflicto: la demanda de tierras, el reconocimiento constitucional y el fin de la discriminación. A pesar del despliegue militar, la violencia continuó con múltiples atentados en la provincia de Malleco contra empresas forestales y una iglesia evangélica, acompañados de lienzos en contra del ejército. Bengoa señala que la conexión de las nuevas generaciones mapuches con el mundo global hace aún más insostenible la situación de exclusión y falta de reconocimiento que padecen. En agosto de 2020, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un comunicado llamando al diálogo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, advirtiendo que una respuesta puramente centrada en seguridad pública agravaría la situación. El representante regional Jan Jarab solicitó una investigación pronta, independiente y exhaustiva de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones discriminatorias contra el pueblo mapuche, y pidió una solución negociada para poner fin a las huelgas de hambre que sostenían presos mapuches por más de 90 días. Un desarrollo posterior significativo fue el rechazo ciudadano a la propuesta de nueva Constitución, que habría introducido cambios sociales radicales favorables al reconocimiento de los pueblos indígenas, incluido el pueblo mapuche. Este resultado electoral representó un revés para las aspiraciones de reconocimiento constitucional mapuche y dejó el conflicto en una fase de tensión latente, sin que se hayan resuelto las causas estructurales que lo originan. El conflicto nuevo aporta como elemento adicional la identificación explícita de la falta de aplicación del artículo 169 del Convenio 169 de la OIT como causa específica señalada por las comunidades mapuches, así como la constatación de que la escalada de violencia de 2020 incluyó también ocupaciones de recintos públicos, lo que enriquece el panorama de medidas de presión empleadas en ese período. Fuentes periodísticas internacionales, como BBC, han caracterizado el conflicto como centenario y destacan que sus manifestaciones de violencia —atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y muertes tanto de comuneros mapuches como de terceros— constituyen expresiones de una disputa estructural no resuelta, confirmando que el ciclo de violencia documentado en años recientes no es un episodio aislado sino parte de una dinámica histórica persistente. El conflicto nuevo aporta adicionalmente la caracterización de los enfrentamientos del período 2020-2025 como parte de la violencia en la denominada Macrozona Sur, encuadre que sitúa los hechos de La Araucanía dentro de una dinámica territorial más amplia que involucra también a civiles, y que confirma la continuidad del conflicto más allá de los episodios puntuales documentados, manteniéndose en un estado de tensión latente con potencial de reactivación.