Miles de proyectos de inversión operan en o cerca de territorios indígenas en América Latina. La mayoría no sabe si está cumpliendo con el Convenio 169 OIT, la DNUDPI o las leyes nacionales de consulta previa. Muchos nunca han realizado un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado. Y los pueblos indígenas, en general, no tienen acceso a herramientas que les permitan evaluar cómo esos proyectos afectan sus derechos.
El costo de esa brecha es enorme. Conflictos territoriales, paralizaciones de proyectos, litigios internacionales, daño reputacional y, sobre todo, pueblos indígenas cuyos derechos siguen sin respetarse.
No es un problema de mala voluntad en todos los casos. Muchas veces es un problema de información, herramientas y metodología. Ahí es donde entramos nosotros.